El narcotráfico y los federales

por. ÁNGEL COLLADO SCHWARTZ


La causa principal de la alta incidencia criminal en nuestro país proviene del narcotráfico. Las portadas diarias de los rotativos así lo ratifican. La droga no se cultiva en Puerto Rico. Toda la que entra y sale de nuestro país consigue acceso a través de nuestras fronteras. ¿Quién controla nuestras fronteras? ¿Quién controla nuestras costas? ¿Quién controla la inmigración en Puerto Rico?

La Ley Orgánica Foraker de 1900, la Ley Jones de 1917 y la Ley Pública 600 de 1950 confirman que el Gobierno federal tiene poderes plenarios sobre nuestra aduana, inmigración y costas, los principales sectores utilizados por el narcotráfico para mover sus productos.

El Gobierno local de turno tiene que manejar el problema de la droga una vez ha entrado a nuestro país. Sin bien es cierto que los gobiernos de turno del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista han sido incapaces de establecer un plan maestro para combatir la criminalidad, el responsable directo del narcotráfico es el Gobierno federal, ya que permite la entrada de la droga al país.

Los usuarios de drogas son personas enfermas que necesitan ayuda, igual que los enfermos de cáncer o del corazón. Cada vez que se incauta un cargamento de drogas, sube la criminalidad. En la medida que disminuye la oferta, sube el precio de la droga, y el enfermo se ve forzado a aumentar sus actos delictivos para “curar” su enfermedad.

Si no medicamos al usuario de drogas, usando modelos como los de Gran Bretaña y Holanda, no resolveremos el problema. Los políticos tienen miedo de asumir esta posición, porque la oposición aprovecha la coyuntura para acusarlos de ser “débiles ante la ola criminal”.

A juzgar por el alza de los asesinatos en Puerto Rico, en su mayoría relacionados con el narcotráfico, los federales no están haciendo su trabajo. Si no han podido hacerlo en el reglón en el que son los únicos responsables, ¿cómo vamos a pensar que pueden resolver los problemas internos de la seguridad en nuestro país? Menos aún cuando están ajenos a la raíz del problema de la drogadicción, nacida de un sistema deficiente de salubridad y prevención.

Federalizar el Departamento de Justicia, actualmente hasta carente de un secretario en propiedad, no es la solución que necesita Puerto Rico. Una de las misiones que tiene la US Coast Guard, según su portal, es “protect America's maritime borders from all intrusions by: halting the flow of illegal drugs, aliens, and contraband…”

El 17 de enero de 2006 el Gobierno de Estados Unidos emitió el siguiente comunicado: “The U.S. Customs and Border Protection consolidated air and marine assets, programs and personnel into the Office of CBP Air and Marine to create the world’s largest aviation and maritime law enforcement organization. OAM uses its sophisticated fleets to detect, sort, intercept, track and apprehend criminals”.

La misión de la Drug Enforcement Agency (DEA) es hacer cumplir sus leyes y reglamentos de sustancias controladas en Estados Unidos y sus territorios.

Los políticos puertorriqueños deben salir de la negación y aceptar la realidad del problema. Los adictos son enfermos que necesitan medicación y los funcionarios puertorriqueños en la metrópoli tienen la responsabilidad de emplazar al Gobierno federal para que asuman eficazmente las obligaciones en su territorio y protejan a sus residentes contra los narcotraficantes en la aduana, la inmigración y las costas, donde ellos tienen control exclusivo.

Mientras Puerto Rico mantenga su status colonial actual, la metrópoli tiene que asumir sus responsabilidades.

Los países soberanos controlan su inmigración, aduanas y costas y combaten el narcotráfico. Hay 187 países soberanos miembros en la Interpol, la mayor organización de policía internacional, fundada en 1923. También coordinan estrategias contra el narcotráfico con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

EL CASO COMMONWEALTH OF THE NORTHERN MARIANA ISLANDS v. USA Y SU IMPACTO EN LA VISION DE FUTURO DE PUERTO RICO

por. Lcdo. Mario Pabón Rosario

En días recientes ha llegado a la atención pública la decisión del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia en el caso Commonwealth of the Northern Mariana Islands v. United States of America , Civil Action No. 08-1572 (PLF), en la cual se determinó que las leyes de inmigración de los EEUU podrían hacerse extensivas al Commonwealth de las Islas Marianas, aún cuando al momento del pacto entre ambas naciones dichas leyes no eran de aplicación a las Islas. Al evaluar el efecto de esta decisión sobre las posibles alternativas de futuro para Puerto Rico, algunos han planteado que esta decisión demuestra la debilidad de un pacto dentro de la cláusula territorial, porque tal pacto podría ser alterado unilateralmente. Otros han planteado que ese análisis no es correcto, porque la posibilidad de extender las leyes de inmigración a las Islas era parte de lo pactado. En su afán de buscar apoyo para sus posiciones, ambas partes se equivocan. Lo verdaderamente importante de esta decisión no es la forma en que se resolvió la controversia ante el tribunal, sino la reafirmación por el tribunal de la prueba de “balance de intereses” según resuelto por el Noveno Circuito de Apelaciones en United States ex rel. Richards v. De Leon Guerrero, 4 F.3d 749 (1993) . Veamos por que.

Los hechos del caso Commonwealth

Luego de la Segunda Guerra Mundial, las Islas Marianas del Norte pasaron a ser un territorio en fideicomiso administrado por los EEUU. En 1972, los EEUU comenzaron negociaciones formales con las Islas Marianas para determinar el futuro político de estas últimas, las cuales concluyeron con la firma del Covenant to Establish a Commonwealth of the Northern Mariana Islands in Political Union with the United States of America, Pub. Law N. 94-241, 90 Stat.263 (1976) (en adelante “el Pacto”). En su Sección 503, el Pacto establece que ciertas leyes, que al momento de la firma no eran aplicables al Commonwealth (en adelante “CNMI”), continuarían no siendo aplicables al CNMI, excepto en la medida que el Congreso de los EEUU las hiciera aplicables al CNMI luego de 1986. Entre dichas leyes se encontraban “las leyes de inmigración y naturalización de los EEUU”.

Por muchos años luego de la firma del Pacto, el CNMI estableció sus propias leyes migratorias y manejó su propia inmigración. Para adelantar su desarrollo económico, y ante la dificultad de atraer empleados que fueran ciudadanos de los EEUU, el CNMI adoptó una política de permitir a extranjeros (no ciudadanos ni residentes de los EEUU) ingresar al CNMI para trabajar en las industrias allí establecidas. El CNMI logró adelantar su desarrollo económico, pero su economía se convirtió en una fuertemente dependiente de la mano de obra extranjera.

En el año 2008, el Congreso de los EEUU adoptó el Consolidated Natural Resources Act of 2008 (“CNRA”), en el cual se estableció por primera vez que las leyes migratorias de los EEUU aplicarían al CNMI, y estableció además que se dejaban sin efecto todas las leyes migratorias del CNMI. Ante esta decisión, el gobierno del CNMI aceptó que el Pacto permite que se extiendan las leyes de inmigración al CNMI; no obstante, alegó que el CNRA violaba el derecho de autogobierno establecido en el Pacto, ya que iba mucho más allá. Según el CNMI, al extender las leyes de inmigración de los EEUU a trabajadores extranjeros que ya estaban en el CNMI y constituían parte de la mano de obra disponible, se afectaban significativamente los ‘asuntos internos’ sobre los cuales el Pacto le concedió autoridad exclusiva al CNMI.

El Tribunal de Distrito rechazó los argumentos del CNMI, y determinó que el CNRA constituía una de las ‘leyes de inmigración’ que la Sección 503 del Pacto permitía a los EEUU hacer extensivas al CNMI. Al momento de llegar a esa determinación, el Tribunal de Distrito pudo haber puesto fin a la controversia; sin embargo, el Tribunal se inclinó a reafirmar y aplicar además la prueba de balance de intereses establecida en Richards. Es esa aplicación la que resulta verdaderamente importante para para Puerto Rico.

La prueba Richards

En Commonwealth, el Tribunal dijo reconocer que el Pacto impone límites significativos a la autoridad del Congreso de legislar sobre el CNMI. No obstante, concluyó, luego de aplicar la prueba de Richards, que el CNRA no violaba esos límites. ¿En que consiste dicha prueba?

En Richards, la controversia surgió cuando el Inspector General de los EEUU intentó emitir un requerimiento para auditar las operaciones financieras del CNMI. El CNMI planteó que esto era una intromisión indebida en su gobierno, la que violaba el Pacto. El Inspector General, por su parte, planteó que tenía potestad para emitir el requerimiento en virtud de la Cláusula Territorial.

El Circuito de Apelaciones resolvió que el mero hecho de que el CNMI estuviese bajo la cláusula territorial no resolvía el asunto, ya que tenían que seguirse los principios del Pacto. A renglón seguido, el Circuito resolvió que para poder concluir que una legislación federal no viola los límites establecidos por el Pacto, a) los EEUU deben tener un interés federal identificable que pueda ser servido por dicha legislación; y b) dicho interés debe ser sopesado contra el grado de intromisión en los asuntos internos del CNMI. De concluirse que no existe una intromisión indebida en los asuntos internos del CNMI, entonces la aplicación de la legislación federal sería válida. Al aplicar esta prueba a los hechos ante si, el Circuito resolvió que los EEUU tenían un interés sustancial en monitorear el cobro de contribuciones en el CNMI, ya que los EEUU le proveen sobre $420 millones en asistencia directa, y no cobran contribuciones federales sobre el ingreso de los residentes del CNMI. Resolvió además que, al ser los fondos federales una parte tan sustancial del presupuesto operacional del CNMI, no existía una intromisión indebida al intentar monitorear el uso de esos fondos.

El Tribunal en Commonwealth fue un poco más allá que el de Richards, al indicar que los intereses federales identificados por el CNRA son sustanciales y legítimos, ya que el CNMI existe bajo la soberanía de los EEUU, y el Pacto establece que los EEUU tendrán autoridad absoluta en relación a asuntos de política exterior y defensa de las Islas. Indicó además que esos intereses son adelantados mediante el control de las fronteras sobre las cuales los EEUU tienen poder soberano. Con ello, declaró que el CNRA superaba la primera parte de la prueba Richards.

Tan importante como los argumentos aceptados por el Tribunal fueron los argumentos rechazados por éste. El CNMI argumentó que el CNRA no cumplía con la primera parte de la prueba Richards, ya que (1) las disposiciones del CNRA no tenían nada que ver con seguridad fronteriza, sino con asuntos laborales internos; (2) el Congreso no tenía nada de que preocuparse sobre asuntos fronterizos, ya que ‘el CNRA tiene una seguridad excelente que no presenta ninguna amenaza a la seguridad interna de los EEUU; y (3) no existía evidencia de que los trabajadores extranjeros en el CNMI pudieran resultar en una amenaza para los EEUU. El Tribunal rechazó estos argumentos indicando que las fronteras de EEUU no podían considerarse seguras ante la presencia en el CNMI de tantas personas que habían entrado allí sin cumplir con las leyes de inmigración de los EEUU. Segundo, rechazó el argumento de que los EEUU no tenían interés de seguridad nacional en un territorio tan remoto. Finalmente, indicó que aún si el CNMI está lejos, los EEUU tienen un interés de proteger los 30,000 ciudadanos estadounidenses que allí residen. El texto refleja la actitud del Tribunal:


[E]stos argumentos asumen que el CNMI puede eliminar los intereses soberanos de los Estados Unidos simplemente sirviendo a dichos intereses en la forma en que considere conveniente. Dicho punto de vista es simplemente inconsistente con el Pacto. De la misma forma que el CNMI negoció disposiciones en las que se reserva el derecho al autogobierno local, los Estados Unidos negociaron las disposiciones en las que se reserva para sí la soberanía; véase, Pacto, §101; así como las que le delegan responsabilidad total sobre asuntos externos y defensa, véase id. §104; y los que le permiten legislar, dentro de ciertos límites, para cumplir con sus deberes en esas áreas. Véase id, §105. Los Estados Unidos tienen derecho a ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones bajo el Pacto en cualquier forma legítima, sin importar que el CNMI crea que sus políticas locales sirven intereses federales tan bien o mejor que las políticas federales. (p. 35 de la Opinion, traduccion nuestra)

Finalmente, el Tribunal en Commonwealth aplicó la segunda parte de la prueba de balance de intereses de Richards. El CNMI argumentó que había demasiada intrusión en los asuntos locales, debido a la importancia de la presencia de trabajadores extranjeros en las islas. El Tribunal rechazó este argumento, indicando que el hecho de que hubiesen tantos extranjeros que no habían cumplido con las leyes de inmigración de los EEUU en un territorio estadounidense planteaba serias preocupaciones de política exterior y seguridad nacional. Con ese argumento el Tribunal concluyó que los intereses federales involucrados en este asunto eran de mucho más peso aún que los planteados en Richards, por lo que se validaba la acción del gobierno federal. Nuevamente, el lenguaje del Tribunal ilustra su actitud:


Sin duda el CNMI preferiría que la legislación federal nunca afectara ningún asunto de índole local, sin importar que tan entremezclado dicho asunto pudiera estar con asuntos federales. Pero [el CNMI] no puede descansar en el Pacto para lograr ese resultado. Como dijo el Noveno Circuito [en Richards] las secciones 103 y 105 “no significan que el Congreso no pueda aprobar ninguna legislación que ‘afecte’ los asuntos internos del CNMI
(p. 39 de la Opinion, traduccion nuestra, citas internas omitidas)

Posibles efectos sobre Puerto Rico

La reafirmación y aplicación de la prueba Richards por el Tribunal en Commonwealth es el dato más significativo de esa opinión. Cabe preguntarse: ¿Por qué razón fue necesario entrar en la aplicación de esta prueba, si ya el lenguaje claro del pacto resolvía la controversia sobre la aplicación de las leyes migratorias al CNMI? Los abogados del CNMI le pidieron al Tribunal no entrar en dicho análisis (nota al calce #13), y se les ignoró. Entendemos que esto ocurrió porque, aunque en esta situación el lenguaje del Pacto favorecía claramente la intervención de los EEUU, el Tribunal quiso protegerse en la eventualidad de que surgieran disputas en las que el lenguaje del pacto no esté tan claro, o rechace claramente la intervención. En esas situaciones, un tribunal posterior podría resolver que la prueba de Richards puede ser usada para justificar una intervención de EEUU, aún cuando el lenguaje claro del pacto diga que el área sobre la cual se habría de intervenir está dentro de los poderes concedidos al CNMI. Esto representa un peligroso defecto estructural que podría socavar el concepto y la estructura de cualquier pacto a ser adoptado.

En términos sustanciales, la aplicación de la prueba Richards en Commonwealth demuestran el peligro de dejar la soberanía en manos de los EEUU. Aunque el Circuito de Apelaciones en Richards había indicado que el mero hecho de estar bajo la cláusula territorial no establecía el “interés sustancial” de los EEUU, el Tribunal en Commonwealth ignoró ese planteamiento y fue mucho más allá, al decir que el hecho de que los EEUU sean soberanos sobre el CNMI establece el “interés legítimo” que satisface la primera parte de la prueba de Richards. Ante ese lenguaje, resulta extremadamente difícil concebir una situación en la cual, estando bajo la soberanía de los EEUU, un tribunal no pueda encontrar un “interés legítimo” de los EEUU en los asuntos del Commonwealth.

Del mismo modo, el hecho de que el Tribunal en Commonwealth determinara que ni la distancia del “mainland" ni el hecho de que las Islas Marianas no constituían una amenaza para el “homeland security” fueran suficientes argumentos para evitar que se concluyera que existía un “interés sustancial” de los EEUU ante el hecho de que en dichas islas residen ciudadanos de los EEUU, demuestra la debilidad del pacto sin soberanía. En Puerto Rico, donde deberíamos presumir que de establecerse un “pacto” similar al del CNMI quedarían cerca de 4 millones de ciudadanos de EEUU, sería muy difícil encontrar algo sobre lo cual los EEUU no puedan reclamar un “interés sustancial”.

Con respecto a la segunda parte de la prueba Richards, una vez identificado el “interés sustancial” de los EEUU, resulta extremadamente fácil determinar que dicho interés puede ser adelantado sin que la intromisión se considere “indebida”. Mientras se pueda caracterizar el interés como uno de “seguridad nacional”, “protección de los fondos de los contribuyentes” o “protección de los ciudadanos de EEUU”, resulta extremadamente difícil concebir alguna situación en la cual la intromisión de los EEUU pueda considerarse “indebida”. Aún dentro de la relación actual, hemos tenido suficientes ejemplos de situaciones en las que se encuentra un “interés federal” para que el gobierno de los EEUU se inmiscuya en asuntos locales. Ante eso, cabe preguntarse, ¿qué poderes verdaderamente puede retener el Commonwealth en un “pacto” en el cual la soberanía resida en los EEUU? Los que creen que tal pacto es posible, deben estudiar muy cuidadosamente la situación de las Islas Marianas, antes de decirnos que eso es lo que le conviene a Puerto Rico.

MPR
9 de marzo de 2009

Cita del Dia

"El movimiento de descolonizacion ha producido una de las transformacionesmas memorables de nuestro siglo...Más de 80 naciones cuyos pueblos estaban anteriormente bajo el dominio colonial han pasado a formar parte de las Naciones Unidas como Estados soberanos independientes desde que se fundó la Organización mundial en 1945. Además, muchos otros territorios han alcanzado la libre determinación mediante la asociación política con otros Estados independientes o mediante la integración con otros Estados."

Koffi Annan,
Secretario General de las Naciones Unidas,
febrero de 1999

'Pacto' popular es muestra de la división interna en la Pava

Oposición critica nueva estrategia de la Pava. La tilda como refrito y como un capítulo más de la guerra ideológica que atraviesa el PPD


Por Frances Rosario

Líderes estadistas e independentistas coincidieron en que el “Pacto de Futuro” que presentó su oposición del Partido Popular Democrático (PPD) es un nuevo capítulo en la división interna que sufren a causa de la supuesta indefinición ideológica.

Las reacciones surgieron luego de que el presidente de la Pava, Héctor Ferrer, presentara a El Nuevo Día la nueva estrategia de partido, la cual está enfocada en el aspecto económico. Con ese 'Pacto de Futuro', los populares buscarían, entre otras cosas, el fin de la Ley de Cabotaje, ampliar las jurisdicción del ELA sobre sus aguas territoriales y exportar productos a la Unión Europea.

¿El secretario general del Partido Nuevo Progresista, Hugo Pérez, catalogó como un 'refrito' las ideas presentadas y una muestra de que están 'desorientados' ante una posible consulta de status.

“El miedo los tiene mal. Están conscientes de que la estadidad es una opción real y que los Estados Unidos están más receptivos que nunca a tener un estado de ciudadanos americanos latinos. Por eso, ahora buscan cualquier cosa para meter miedo como si fuésemos niños chiquitos escuchando cuentos de horror”, opinó Pérez.

Añadió que “el pueblo de Puerto Rico está cansado, lo que quiere ver son soluciones reales y los populares no son la opción. Nadie sabe qué es lo que quieren, ¿la República Asociada del año pasado o el refrito de hace 35 años con nuevo empaque? Ferrer tiene razón. Hasta aquí los trajo el PPD de Luis Muñoz Marín. Lo que no entiende Ferrer es que él no es otro Luis Muñoz Marín”.

Mientras que el presidente ejecutivo del Partido Independentistas Puertorriqueño (PIP), Fernando Martín coincidió en que la estrategia “es otro capítulo de la pelea interna” en el PPD.

“Ese documento lo que refleja es la formalización, puesto en blanco y negro, de la posición colonialista del actual liderato del PPD y su repudio, como parte de la lucha interna de ese partido, a lo que en algún momento creyeron, a la libre asociación”, precisó.

Martín opinó, además, que el 'Pacto de Futuro' es una prueba de que de la colectividad se expulsaron a los 'reformistas'.

Asimismo, el independentista comentó que teóricamente es posible que el Congreso conceda más poderes a la Isla, como lo es la eliminación de la Ley de Cabotaje. Pero destacó que el principal problema es que “el Congreso nunca lo ha querido”.

Cañones hacia la estadidad

Líderes de la Pava también rechazan la opción del territorio incorporado

Por. Gerardo E. Alvarado León / galvarado@elnuevodia.com

El “Pacto de Futuro” con el que el Partido Popular Democrático (PPD) apuesta a su transformación dedica parte de sus páginas a describir la “amenaza” de la estadidad y del territorio incorporado, opciones que el liderato de la colectividad describe como perjudiciales para la Isla.

En opinión del representante Jorge Colberg, director del Programa de Educación Política del PPD, la estadidad significaría un aumento en el pago de contribuciones, sobre todo a la clase media y profesional.

Colberg rechazó la idea de que la estadidad eliminaría el sistema contributivo estatal. A modo de ejemplo, dijo que 43 de los 50 estados norteamericanos mantienen dos sistemas, uno estatal y otro federal.

Si Puerto Rico fuera estado, se establecerían tres nuevos renglones de impuestos federales, que incluirían las contribuciones por ingresos personales, corporativos y de importación de propiedad. Según Colberg, eso elevaría a nueve los sistemas de cobro de impuestos a los puertorriqueños.

“En un escenario hipotético, si Puerto Rico fuera estado, el 41% de los contribuyentes tendría que pagar contribuciones federales de un 5.5% estimado de sus ingresos netos, lo que representaría $262 millones adicionales cada año”, dijo el legislador.

Colberg advirtió que la estadidad eliminaría el régimen de corporaciones foráneas (CFC), lo que conllevaría pérdidas de 100,000 empleos y de $1,000 millones en contribuciones.

“No hay duda de que tiene implicaciones sobre el bolsillo de los contribuyentes y las compañías”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Pava, Héctor Ferrer, describió la opción del territorio incorporado como “el paso previo a la estadidad”.

Dijo que la anexión a Estados Unidos de Alaska y Hawai ejemplifica la “amenaza” de esta opción para el País. Contó que en ambos casos se estableció un control político territorial, se impusieron contribuciones federales, no hubo el beneficio de representación congresional y se dio un proceso de asimilación cultural.

Con la estadidad, coincidieron Colberg y Ferrer, se impondría el inglés como idioma principal en la Isla.

A la carga el PPD

A la carga los populares

El partido se lanza a la caza de nuevos electores.

Por Gerardo E. Alvarado León / galvarado@elnuevodia.com

Consciente de que en los últimos años el Partido Popular Democrático (PPD) ha perdido fuerza de base, su liderato lanzó un nuevo modelo económico, en el marco de la aspiración a una relación mejorada con Estados Unidos.

La nueva estrategia está en el “Pacto de Futuro”, un manual de capacitación y educación política en el que la Pava expone su pretensión de modernizarse.

La meta es atraer a nuevos electores, en particular a jóvenes, con propuestas basadas en el desarrollo económico que fortalezcan al partido y lo lleven a retomar el poder.

“El enfoque de ahora no es de soberanía, sino económico”, declaró ayer el presidente del PPD, Héctor Ferrer, en la mesa redonda en la que presentó a El Nuevo Día el documento con la nueva filosofía que los líderes de base del partido deberán diseminar.

El manual es parte de la ofensiva del liderato de la Pava en dos frentes. Por un lado, busca que el Congreso contraiga con la Isla un pacto avalado por los puertorriqueños y que no pueda ser deshecho unilateralmente.

Y se propone desenmascarar lo que la cúpula popular considera que la estadidad y el territorio incorporado significarían para los boricuas en el País.

El mensaje nace también de la coyuntura económica actual: la recesión y los efectos de la eliminación, en 1996, de la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal. Desde la muerte de ese incentivo contributivo que disfrutaban las manufactureras estadounidenses en la Isla, Puerto Rico quedó sin ventajas para su desarrollo, apuntó el presidente de la Pava.

“Hasta aquí nos trajo el PPD de (Luis) Muñoz Marín. Estamos reorganizando el partido, no sólo políticamente, sino a nivel de filosofía, para llevarlo al próximo paso: crecimiento”, dijo Ferrer.

Señaló que el nuevo modelo económico de la Pava devolverá a la Isla los privilegios que tuvo y transformará la economía en una de producción.

“Eso es falso”

Para lograrlo, señaló Ferrer, los populares tienen que asumir una actitud de ofensiva. “Hemos dejado que la oposición nos defina, que diga que el Estado Libre Asociado (ELA) no cabe en las opciones de status y que no es constitucionalmente válido. Eso es falso”, apuntó.

En tanto, Jorge Colberg, director del Programa de Educación Política del PPD, indicó que el “Pacto de Futuro” sustituiría la Ley de Relaciones Federales, que rige la relación actual de la Isla con Estados Unidos.

“Con esto se saca al ELA del debate de si está dentro o fuera de la Constitución de Estados Unidos. Ahora estaría en concordancia”, manifestó Colberg.

La propuesta para la nueva relación con Estados Unidos está fundamentada jurídicamente en la Resolución 2625 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que establece las relaciones de los pueblos con validez internacional. Además de la anexión de un país a otro, la independencia y la libre asociación, la ONU estableció en 1970 que los países pueden acoger cualquier acuerdo de gobierno, siempre y cuando cuente con el consentimiento de ambos pueblos.

La cuarta opción

El PPD está abrazando esa cuarta opción. “La resolución permite adaptar el status de un país a las necesidades de los tiempos”, dijo el vicepresidente de la colectividad, Charlie Delgado.

Ferrer sostuvo que el “Pacto de Futuro” reconoce la nacionalidad e identidad cultural de Puerto Rico y la autoridad del pueblo para gobernarse. Además, el acuerdo propuesto reconoce la ciudadanía estadounidense como un derecho adquirido por los puertorriqueños y la capacidad para concretar acuerdos comerciales y económicos con aliados de Estados Unidos.

Una de las propuestas más ambiciosas del pacto es la derogación de la aplicación a Puerto Rico de la Ley de Cabotaje. Según Ferrer, esto fomentaría la competencia y abarataría costos.

“Este cambio se discutió antes, pero nunca se propuso. Exigimos igualdad a las Islas Vírgenes estadounidenses”, dijo Ferrer, al rechazar que la derogación haría vulnerables los puertos.

Otra propuesta es ampliar la jurisdicción del ELA sobre sus aguas territoriales de 10.5 a 200 millas náuticas, incluidos los recursos sumergidos. Así, indicó Ferrer, se incorporaría el derecho vigente, que reconoce mayor jerarquía a las leyes estatales sobre las federales.

El PPD ya identificó cinco áreas de desarrollo en las 200 millas náuticas: extracción de materiales del lecho marino, desarrollo de una industria pesquera, instalación de cables marinos para la comunicación, manejo de rutas y vigilancia en las aguas.

Una tercera propuesta es crear un programa de desarrollo económico a través de la exportación de productos agrícolas a la Unión Europea, con la creación de almacenes en el exterior. Como áreas de oportunidad el PPD identificó la producción de carne de res, flores ornamentales, piña y café.

“Esta es la primera vez -desde 1938- que se consignan en un documento las posiciones del PPD y la evolución del ELA. Le da rumbo al partido y dirección a la gente”, concluyó Ferrer.

La propuesta del PPD

El Pacto de Futuro no podrá ser enmendado unilateralmente y para así modificarlo requerirá el consentimiento mutuo. El mismo estará fundamentado en la Resolución 2625 (XXV) del 24 de octubre de 1970 de la ONU, que reconoce cuatro fórmulas de descolonización. Éstas son la libre asociación, la anexión de un país a otro, la independencia y cualquier acuerdo de gobierno, siempre que éste se adopte con el consentimiento de ambos pueblos, siendo este último el que se invocará para el Pacto de Futuro”.

Fuente: Pacto de Futuro. Contrato social para la transformación de Puerto Rico (manual de capacitación y educación política del PPD)

POR QUE NECESITAMOS UN PARTIDO POPULAR DEMOCRATICO REFORMADO: NUEVOS CAMINOS PARA VIEJOS OBJETIVOS

Por. Lic. Franklin Velázquez

Puerto Rico es un país bipartidista. Existen dos tendencias con poder de convocatoria electoral: el PPD y el PNP. La época de varios partidos con posibilidades electorales verdaderas ya ha pasado. Se fue con la muerte de varios partidos: Unión, Liberal, Socialista e Independentista. Incluyo al PIP en la lista de los partidos muertos porque ya no se aproxima al partido que saco 20 por ciento del voto en el 1952.

Puerto Rico ha escogido dos opciones: el PPD y el PNP, autonomía y estadidad, respectivamente. Además, escogió la ruta electoral y no la de las armas. Por eso la lucha armada no es una opción, simplemente es una manera de no respetar el sentir mayoritario de Puerto Rico. Para esos que todavía hablan de una nueva organización electoral, les digo que en el contexto de Puerto Rico no se va dar. Los frentes electorales se dan cuando hay varios partidos de masas que se unen como sucedió durante la Segunda República de España. Eso no se va dar en Puerto Rico.

El PPD en realidad debe ser ese frente unido. Debe convertirse en una casa grande para todos los que deseen mantener la cultura puertorriqueña activa, viable y en crecimiento. El PPD tiene que convertirse en un partido reformista y no simplemente como una alternativa a los estadistas. Puerto Rico merece un partido creativo, luchador y dispuesto a respaldar a los trabajadores, pobres, clase media y clase empresarial. Antes que nada, debe ser un partido que ponga a marchar el progreso económico a la par con la justicia social. La clase empresarial debe existir para el beneficio de todo el pueblo de Puerto Rico, no simplemente para crear ganancias para sus bonistas. El PPD debe aprender las lecciones de otros países que han sabido controlar el sector privado para el beneficio de todos.

Lamentablemente, existen sectores retrogradas dentro del seno del PPD sin visión política. Creen que se puede regresar a la época de los cuarenta cuando los independentistas fueron expulsados del PPD. Lo que no entienden estos sectores conservadores es que la situación de hoy en día se aproxima más a la década del sesenta y ocho cuando el PPD perdió las elecciones por primera vez. Ni el respaldo de don Luis Muñoz Marín a Luis Negrón López pudo llevarlo al poder. Roberto Sánchez Vilella salió del PPD, creando el Partido del Pueblo. Esta división le costó las elecciones al PPD, logrando el PNP ganar las elecciones por primera vez.

Cuando hoy en día se habla de expulsar a los soberanistas del PPD como se hizo con los independentistas, lo que se está proponiendo es la división del PPD y su posterior derrota en las próximas elecciones.

Hernández Mayoral está invitando un desastre político para el PPD. Héctor Ferrer y su camarilla no entienden que el PPD no está en la época del cuarenta. Hoy en día el PPD no tiene el lujo de dividirse o expulsar. Los únicos que se beneficiarían serían los estadistas.

Es tiempo de que el PPD se defina en cuando a su alternativa de status. Debe escoger entre el colonialismo y la soberanía, entre el ELA sin crecimiento, moribundo y sin futuro, o una verdadera libre asociación. Esta es la época de crear coaliciones y añadir miembros. Son muchos los que desean un cambio material, económico y político para Puerto Rico. No se debe perder esta oportunidad histórica.

El PPD también puede beneficiarse de las aportaciones, conocimientos y crecimiento de la comunidad puertorriqueña que reside en los EEUU. No estoy hablando de simplemente utilizar esta comunidad para recaudar fondos o visitar oficiales electos boricuas o marchar en la parada puertorriqueña. Estoy hablando de organizar un núcleo o sucursal del PPD en los EEUU. El PPD debe convertirse en un partido del pueblo para los isleños y los boricuas en la diáspora. Aunque los boricuas en los EEUU tengan sus propias prioridades y realidades, pueden respaldar a Puerto Rico como los judíos norteamericanos respaldan a Israel. Sin el respaldo de los judíos fuera de Israel, Israel no tendría el respaldo que ahora goza en los EEUU dentro los círculos de poder.

El PPD debe ser un partido que se identifique con la lucha cultural. Debe ser una lucha por mantener lo mejor que tenemos y descartar lo malo, como el sexismo y machismo explotador. El PPD debe mantener la cultura de la comprensión y compasión por el prójimo.

Los boricuas podemos ser una luz para el mundo y no un grupo de mendigos políticos en el Congreso norteamericano. El crecimiento de nuestra alma política y espiritual se tiene que dar en Puerto Rico y las comunidades de boricuas en el exterior, no en la ONU o el Congreso de los EEUU. LA ONU y el Congreso deben ser frentes de lucha cuando el pueblo y sus instrumentos políticos decidan luchar de verdad por el cambio. Los cambios se luchan sin el miedo paralizador que ha caracterizado diversos sectores políticos de nuestra sociedad.

El PPD también necesita un líder que inspire como Obama pudo hacer en las pasadas elecciones electorales. Alguien que luche por las reformas. Alguien que anime tanto a los jóvenes como los ancianos. En los procesos históricos los líderes son importantes. Nos hace falta alguien quien verdaderamente entienda al pueblo de Puerto Rico y lo anime a enfrentarse al futuro con valor y esperanza.

El PPD debe ser el partido del estado de bienestar, un estado comprometido con el pueblo. Empezó como un partido de izquierda democrática pero dejó de serlo hace años. Creo que puede convertirse en ese partido de democracia económica, un partido socialdemócrata. Un partido con visión social, cultural y política. Un partido sin miedo. Sin ese miedo que nos paraliza. Sin ese miedo que sirve de barrera a nuestras aspiración soberanistas de asociarnos a los EEUU con dignidad e igualdad.

Nuestro pueblo es sumamente espiritual y religioso. Creo que cualquier lucha que se dé debe estar unido a un pensamiento espiritual profundo que nos toque en lo más importante de nuestro ser. Tenemos que marchar como Moisés y el pueblo israelita. Marchar sin mirar hacia atrás para crear un nuevo destino y llegar a la tierra de leche y miel. Tenemos que salir del desierto espiritual para insertarnos en un mundo activo y lleno de oportunidades.

Roberto Prats otro traidor a la Soberanía en el PPD

Uno a uno con Prats

por. José Delgado

Roberto Prats, ex senador y candidato a comisionado residente en Washington, está convencido de que la reciente controversia en el Partido Popular Democrático (PPD) ha reflejado que a su colectividad “le hace falta un líder”.

No cree que haya que correr a hacer cambios en las estructuras del PPD, pero considera que la ausencia de una figura dominante en su partido ha acelerado las batallas internas sobre status, que se han prologado a las luchas de poder.

Prats - durante un receso de los trabajos de la reunión de invierno del Partido Demócrata de Estados Unidos, cuya filial de Puerto Rico encabeza – afirmó que el PPD debe hacer claro su rechazo a que se convoque ahora a un plebsicito y recordar su apoyo al mecanismo de una Asamblea Constitucional de Status.


“Las prioridades de status, están en el status de la criminalidad, la educación, la salud y los empleos. No puede ser que haya dinero para un plebiscito y no para darle aumento a los maestros”, indicó Prats, quien apoya que el ELA crezca dentro de la federación estadounidense.


¿Qué ha escuchado de los informes de que cobra fuerza el proyecto de status de Pedro Pierluisi?

He escuchado algunos rumores de una posible votación antes de que termine la sesión del Congreso. Pero, el consenso general de los que apoyan el proyecto es que la logística no va permitir que llegue al escritorio del presidente de Estados Unidos este año.

¿Qué debe hacer el PPD en torno a ese proyecto?

El PPD cree que el país no está pidiendo esto ni necesita un plebiscito de status. Las prioridades de status, están en el status de la criminalidad, la educación, la salud y los empleos. No puede ser que haya dinero para un plebiscito y no para darle aumentos a los maestros.

¿Si hay un referéndum en Puerto Rico cual cree que será la pregunta que se le hará a los electores?

Creo que va a parecerse mucho al proyecto de Pierluisi, que van a convocar las dos consultas que propone el proyecto (2499).

¿Si la pregunta al elector es si se apoya o no la continuación del status actual, cómo debe votar el PPD?

El PPD tiene que tomar decisiones difíciles en los próximos meses, entre ellas cómo va a reaccionar a una consulta de esa naturaleza. (Considerar) si es posible una respuesta judicial.

¿El status actual representa las aspiraciones del PPD?

El status actual hay que actualizarlo, no cambiarlo. Preferiría convencer al liderato del país de que esto es una distracción innecesaria.

¿Cree que el PPD entonces debe seguir defendiendo la Asamblea Constitucional de Status?

Definitivamente. Hemos tenido un problema de enfoque político. En el PPD hay diferencias, pero se están confundiendo diferencias con divisiones. El PPD no es un monasterio. Se supone que tengamos diferencias. Pero, uno de los pasos fundamentales ha sido aclarar que el PPD no cree en la independencia.

¿Usted no cree en un ELA con soberanía nacional?

Creo que eso es un embeleco jurídico que se inventaron en el debate político. Como es que tú vas a ser estado, vas a ser libre, vas a ser asociado y a la misma vez soberano. Es como estar casado, divorciado, pero saliendo.

¿Y eso es muy distinto a ser estado-libre- y- asociado?
Esto (el ELA con soberanía) es un embeleco plus. Pero, el problema no está tanto en el nombre sino en cómo se concibe el concepto. Por un lado hay quien no quiere la corte federal, pero quiere la ciudadanía estadounidense. Como pretendemos tener la ciudadanía estadounidense sin tener un foro en el que se puedan defender los derechos como ciudadano americano. Este es un proceso que tiene dos partes: Puerto Rico y Estados Unidos.

¿Pero de cara al futuro, si Puerto Rico fuera independiente puede quedarse aún con 3.8 millones de ciudadanos estadounidenses?

En ese mundo hipotético sí. Pero, los hijos de esos ciudadanos (en la independencia o libre asociación) irían perdiendo los derechos que tenemos como ciudadano americano.

¿Usted es de los que cree – como José Alfredo Hernández Mayoral – que el ELA debe crecer dentro de la federación estadounidense?

Definitivamente. Soy unión ‘permanentista’, dentro de la Constitución, no fuera.

¿Y cómo es posible estar dentro de la Constitución estadounidense, no ser estado y no ser territorio (colonial)?
Pienso que el Congreso tiene facultad constitucional para hacer uso de su inventiva y creatividad para desarrollar relaciones políticas dentro de la Constitución, fuera de la cláusula territorial. El Tribunal Supremo ha hecho referencias a la cláusula territorial sobre Puerto Rico, pero sobre áreas particulares (no definiendo todo el alcance del ELA).

¿Pero usted considera, como José Alfredo Hernández Mayoral, que pueden quedar fuera del PPD los soberanistas?

En el PPD hay diferencias no hay divisiones. El PPD no debe expulsar a nadie. Siempre hemos tenido diferencias de opinión y las vamos a seguir teniendo. Una vez entendamos que no abogamos por independencia o libres asociaciones, hay espacio en el Partido Popular. Nosotros defendemos una ideología, pero el PPD es más grande que el ELA. El PPD va a tener una ruta de recuperación que va a ser bien difícil y larga. Pero, esto no puede ser una máquina de ganar y perder elecciones. No puede seguir siendo eso.

¿Y no cree que el intento de desvincularse del ELA soberano es un intento por ganar elecciones?
Es un paso que se toma en preparación a una inminente consulta que entiendo que es innecesaria y el país no la necesita. No soy candidato y las canto como las veo.

¿No va a aspirar a ningún puesto electivo?
No estoy pensando en ninguna candidatura y nadie que quiera al PPD debe estar pensando o haciendo ejercicios de posicionamiento.

¿Ya hay aspirantes para la candidatura a Gobernador?
Más que aspirantes, el PPD necesita un líder.

¿No lo tiene?

Necesita un líder.

¿Y porque no cambian de líder?

El partido necesita un líder.

¿Y quién puede ser ese líder?

Eso le corresponde al pueblo popular decidir. La ruta es larga, la ruta es difícil. Pero, es realizable y el PPD tiene días difíciles por delante, no hemos pasado por los peores días. Tenemos que encontrarnos con las raíces del PPD en el siglo 21.

¿Cómo evalúa la labor de Héctor Ferrer?

Hace todo lo que puede con las herramientas que tiene.

¿Pero, cuando dice que el PPD necesita un líder, no pone en entredicho su liderato?

No. Estoy haciendo una expresión más de mediano y largo plazo. Héctor asumió la presidencia del PPD en un momento muy difícil, luego de la derrota más campal que ha tenido el PPD. Ha tenido mi respaldo y lo tendrá en todo lo que necesite. Pero, en la misma medida en que he dicho que nadie debe estar pensando en candidaturas eso le aplica a todo el mundo. Ha cometido errores en el proceso, pero todo el mundo los comete pues somos humanos.

¿Qué errores ha cometido?

En términos de acá (en Washington), la decisión de hacer acuerdos con Rivera Schatz en cuanto al status fue un error.

¿Eso le dio vida al proyecto 2499?

Eso he escuchado aquí. Rivera Schatz usó a los populares para comunicar aquí que había un consenso que no existe en Puerto Rico. Pero, todos cometemos errores.

¿El PPD está en medio de un proceso de reorganización, que puede incluir seleccionar el nuevo liderato permanente?

Debe hacerse un proceso de reconstrucción, lo que toma tiempo, son largas y bien difíciles. (La selección del próximo liderato permanente) debería comenzar a tomar formas este año, pero no creo que sea este año cuando se tomen esas determinaciones, como cual va a ser la composición electoral de cara a 2012. El PPD no debe desviarse de lo que son las prioridades fundamentales e ideológica del partido.

Usted suena cada vez más como un candidato

¿De verdad? No lo siento de esa manera.

Defínase Usted, José Alfredo.

por. L.G. Massas

José Alfredo Hernández Mayoral, el hijo de Rafael Hernández Colón señala que es “Momento de definirse”. De entrada, uno tiene que preguntarse a quien le habla José Alfredo? Será que habla consigo mismo? Si hay un miembro del PPD que necesita definirse es José Alfredo Hernández Mayoral. Es o no candidato? Defínase. Es o no estadista? Defínase por favor. Sí usted mismo. el que está en contra de que el PPD este definido como un partido que apoya la asociación basada en la Soberanía entre Puerto Rico y los Estados Unidos.

En vez de estar hablando como si usted fuera un líder cosa que no es porque no ha sido electo ni para presidente de barrio, usted debería contestarnos varias preguntas que hablan bien de alguien que se proclama como un “líder definido” .

En primer lugar, Para usted Puerto Rico es o no una colonia de los Estados Unidos?

Está usted a favor de que Puerto Rico se descolonice de Estados Unidos?

Estuvo usted presente en las últimas tres asambleas generales del PPD en donde se adoptaron definiciones claras sobre el rumbo que tomaría el PPD? Si estuvo presente por que no se atrevió a expresar su opinión u oposición a lo que se discutía? Estuvo usted ausente en dichas Asambleas? Si estuvo ausente con que derecho, autoridad o moral usted se atreve a decirnos a los populares que estuvimos presente y votamos que estamos equivocados?

Hablando de definición le pregunto si usted estuvo a favor de la salida de la marina de Vieques? Si estuvo a favor de la unicameralidad? Un hombre tan definido como usted no le resultaría explicarnos sus posturas sobre estos asuntos.

En su acostumbrada arrogancia como le ha catalogado Anibal Acevedo Vilá usted señala que si los soberanistas del Partido Popular Democrático (PPD) abandonan la colectividad por la resolución de la Junta de Gobierno que rechaza la Libre Asociación, “serían muy pocos para que pudiera llamarse una división”. Entonces si son tan pocos porque tanta insistencia en hacer llamados a expulsión a los soberanistas.

Si usted y la mayoría que indirectamente usted alega representar son tal mayoría por que no hacen una Asamblea en el PPD para discutir la posición oficial del partido sobre el futuro del ELA? Porque no convocan al Consejo General? Porque si son tantos los que creen como usted, mejor no promueve una consulta a la base del PPD en donde cada popular pueda expresar con su voto si quiere un Estado Libre Asociado Soberano o no? No será, le pregunto, que no existe tal mayoría que apoyan un ELA “dentro de la federación” y de ahí que usted, Roberto Pratts, Alejandro García y Héctor Ferrer anden con una campaña de miedo utilizando los mismos argumentos que utilizaba su compañero demócrata Carlos Romero Barceló en contra de su padre Rafael Hernández Colón en el pasado?

Indica en su entrevista que los que creen en la libre asociación son tan pocos que deben ser como los 4,500 votos que obtuvo dicha opción en el plebiscito de 1998 hace ya doce años atrás. De donde usted saca los números que le indican que somos tan pocos. No será esta otra mentira más de su campaña de miedo. Por que no hace pública la encuesta que usted utiliza para sustentar sus argumentos y por favor no nos traiga la encuesta de encargo del Caribbean Business de claro corte estadista.

Según usted “hay asuntos que no deben tocarse en el ELA como la ciudadanía estadounidense y el vínculo permanente con Estados Unidos.” Le pregunto cual es el vinculo permanente con los Estados Unidos al cual usted se refiere, por que si proclama que es momento de definirse entonces por su discurso tan ambiguo, fantasioso y colonialista.

Por último, le pregunto si es cierto o no que Héctor Ferrer ordenó y realizó un “Estudio sobre la percepción de las elecciones de 2008” a la base del partido para conocer las razones que los populares adjudicaron a la derrota de noviembre de 2008, y que el resultado, guardado en secreto por Ferrer, demostró que la propuesta de status del PPD no estaba dentro de las diez razones dadas para la derrota electoral. Le pregunto si esto no es prueba suficiente para derrotar el falso argumento de que la derrota electoral del 2008 no fue el discurso soberanista.

Usted no representa a nadie en el PPD. Llegó a dirigir una Secretaría de Asuntos Federales como parte del acuerdo entre Héctor Ferrer y su padre para que Ferrer asumiera la Presidencia después de Aníbal Acevedo Vilá. Por ello, le invito a que antes de estar dando lecciones de definición se ponga a estudiar que sucedió en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en el Mundo entero luego de fallido proceso plebiscitario de 1989 a 1991. Su discurso es idéntico al de José Ronaldo Jarabo y Jorge De Castro Font, éste último antes de dar el salto al PNP. Defínase o Popular o Estadista.

Defínase, soberanista o colonialista. Defínase. Puertorriqueño o Estadounidense. Defínase a favor de la nación puertorriqueña o en contra.

Defínase, a hablar con voz propia o seguir hasta el último día de su vida defendiendo y justificando la postura de su padre sobre el Estado Libre Asociado y su desarrollo. Sinceramente su posición resulta no solamente arrogante sino patético.

Momento de definirse

José Alfredo Hernández Mayoral sostiene que el PPD necesita delinear qué defiende.

José Alfredo Hernández Mayoral insistió en que el PPD necesita atraer a los populares descontentos con la ruta soberanista que llevaba esa colectividad.

Por. Mildred Rivera Marrero / mrivera1@elnuevodia.com

Si los soberanistas del Partido Popular Democrático (PPD) abandonan la colectividad por la resolución de la Junta de Gobierno que rechaza la Libre Asociación, “serían muy pocos para que pudiera llamarse una división”.

Así, categórico y tranquilo, responde el secretario de asuntos federales del PPD, José Alfredo Hernández Mayoral, cuando se le pregunta si no le preocupa que ocurra lo que él mismo recordó en una columna de este diario. En ésta narra que en 1946, cuando Luis Muñoz Marín descartó la independencia como opción, el entonces presidente de la Cámara, Francisco Susoni, dejó el PPD.

Hernández Mayoral afirma que si se celebra el plebiscito anunciado por el gobierno y los soberanistas y estadolibristas siguen en el debate sobre el rumbo que debe tomar el status, la postura oficial será de rechazo a la opción que se presente en esa votación.

“Ya eso lo vivimos en el 98, cuando varios miembros del Partido Popular apoyaron la Columna 2, que era la Libre Asociación, con un éxito de 4,500 votos”, dijo.

Afirma, no obstante, que el PPD está en una disyuntiva similar a la del 46, que fue “un momento de definición, donde había unas posturas que resultaban incompatibles. Creo que estamos en ese momento”.

El plebiscito propuesto en la medida HR 2499, del comisionado residente Pedro Pierluisi, propone una primera ronda en la que se vote por “el status actual” y una segunda ronda, por una “asociación en soberanía”. Ninguna de esas opciones representa al Estado Libre Asociado (ELA) y, por lo tanto, no es viable para los estadolibristas, afirma Hernández Mayoral.

Según el abogado, hay asuntos que no deben tocarse en el ELA como la ciudadanía estadounidense y el vínculo permanente con Estados Unidos.

“Ser popular tiene que querer decir creer en unos postulados básicos. El partido tiene que llegar al momento en que plantee que ser estadolibrista quiere decir creer en ‘A, B, C, D’ y que cada cual analice si apoya o no apoya esos puntos específicos”, apunta, para luego descartar de plano que su postura se deba a su interés en la Gobernación.

“He dicho consistentemente que no estoy mirando candidaturas”, insiste.

La pugna actual se remonta a la resolución aprobada por la Junta de Gobierno del PPD en abril del 2008, que establece que el ELA debe dirigirse a una soberanía que sea la base para “una asociación no colonial ni territorial de conformidad con el derecho internacional”. Esa expresión sumió al PPD en una discusión ambigua, según Hernández Mayoral, porque unos interpretan que significa independencia y otros, como el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, únicamente un poder para rechazar la imposición de leyes federales.

Al presentarse la medida de Pierliusi, “Héctor Ferrer nos pidió a los miembros de la Secretaría (de Relaciones Federales) que estableciéramos nuestra posición. Yo presenté mi oposición al proyecto. (El senador) Charlie Hernández dijo que la asociación en soberanía que aparecía en la segunda ronda es la dirección a donde debía ir el Partido. Esas dos posturas se le expusieron a la Junta de Gobierno y la Junta votó 13 a 4 para rechazar el proyecto Pierluisi. Eso es lo que detona esta controversia (dice mientras extiende los brazos)”.

“Ahí se vio la necesidad de que el Partido aclarara de manera categórica que rechazaba esa interpretación. De la manera que lo sugerí, fue hacer reuniones distritales donde estuviesen representantes de ambas posturas, se le expusiera a la Asamblea General en una forma tipo debate y que eso culminara una votación”, sostiene.

Ferrer, presidente del PPD, optó por hacer una nueva resolución que rechaza abiertamente la libre asociación.

Cuando se le pregunta a Hernández Mayoral si la pugna sobre la soberanía va dirigida a buscar votos de la derecha, responde: “no lo pondría así. Es una aclaración importante porque es evidente que perdimos muchos electores por esa razón. No es ganar votos del ala derecha, es que esa gente que es estadolibrista, que quizás sintió que el Partido iba en la dirección equivocada, se sienta nuevamente cómoda y confiada en ser estadolibrista”.

Hernández Mayoral asegura que la postura soberanista “contribuyó en el tamaño de la derrota” de su colectividad en el 2008.

“Yo nunca dije que el Partido Popular perdió por la postura soberanista. Perdió con una magnitud histórica porque esa postura contribuyó al tamaño de esa derrota. Sí había una situación económica mala. Pero situación económica mala había en el 76 y Hernández Colón no perdió por 100,000 votos, Sí, el Gobernador estaba acusado federalmente y algún impacto tiene que haber tenido. Pero, también el tema del ELA soberano estaba sobre la discusión pública y era parte de los anuncios del PNP y una derrota con una magnitud sin precedentes no se le puede atribuir solamente a la economía y a las acusaciones”, afirma Hernández Mayoral.

Sus expresiones han provocado que recientemente el ex gobernador Acevedo Vilá lo llamara “arrogante”, pero en la entrevista evitó contestar esas declaraciones.

El abogado también respondió otras preguntas:

La discusión actual lo que hecho es resaltar la pugna tradicional entre los sectores de izquierda y los del centro en el Partido Popular.

-“Por demasiado tiempo quisimos caminar hablando en ambigüedades. Y eso ha debilitado al Partido, al punto de que se creó al impresión de que el Partido estaba girando hacia la Libre Asociación, lo cual es falso. Más del 90% del Partido no apoya esa postura. Una vez están aclarados los puntos y no se habla en términos vagos, cada cual examina que hay muchas razones para ser popular, que van más allá de la postura de status”.

¿Cree que el 90% de los populares está en desacuerdo con la Libre Asociación?

-“No. Yo creo que el 96%. Siempre ha sido así”.

Pero los tiempos cambian. Hoy día hay más estadistas que antes.

-“Sí, y eso es una señal porque si hay más estadistas que antes ¿cuáles son las inclinaciones del pueblo? ¿Hacia eliminar el vínculo con los Estados Unidos? Aparentemente no”.

También puede ser un mensaje de que no están conformes con el estatus que tenemos.

-“Sí pero no se van para la independencia. Se van para la estadidad”.


El Partido Popular no les ofrece una alternativa. ¿Cuál es la alternativa al ELA actual? ¿Cómo entiende que debe desarrollarse el ELA? ¿Cree que esto se resolvió en 1952?

“El déficit de democracia refleja que quedaron cosas sobre la mesa que se tienen que corregir”.

Llevamos casi 60 años. ¿Cuándo se van a corregir?

“En algún momento se corregirán, pero eso no quiere decir que porque no se haya corregido hay que descartarlo porque aún en su forma actual es superior a la estadidad y la independencia”.

Muchos han dicho que gran parte de los problemas de Puerto Rico se deben a la falta de poderes reales bajo el ELA.

“Me acabas de decir que el sector estadista está creciendo. Por lo tanto, no parece ser que el pueblo, en su mayoría, entienda que el defecto del ELA está en los poderes federales sobre el ELA. Existen beneficios. Aquí no aplica el sistema contributivo federal. Eso es un beneficio monumental. Cuando se dice que el ELA está agotado, todo esos son eslogans. ¿Está agotado de qué? ¿Me quieren decir que cambiar para añadir una capa adicional de impuestos es la solución? Es fácil, en un momento de mala condición económica echarle la culpa al ELA, por no querer buscar las verdaderas fuentes del problema, que no es porque no somos estado”.

¿Y si fuésemos un país independiente?

“Eso no está ni siquiera sobre la mesa. Esa es una opción rechazada por el pueblo. La verdadera lucha que hay ahora es entre el ELA y la estadidad”.